Por: Héctor Báez

Las bancadas demócrata y republicana del Congreso de Estados Unidos volvieron a fracasar en su intento de aprobar un proyecto de financiación provisional, lo que mantiene vigente el cierre parcial del Gobierno federal.

La votación en el Senado terminó 52 a favor frente a 42 en contra para la propuesta republicana, sin alcanzar los 60 votos necesarios para superar la regla del filibusterismo.

El conflicto afecta actualmente a más de 1,3 millones de trabajadores federales, de los cuales unos 700.000 están suspendidos sin salario y otros 600.000 trabajan sin recibir remuneración.

La raíz del bloqueo persiste en las divergencias sobre la financiación de la sanidad —en particular la extensión de los subsidios bajo la ley del cuidado sanitario “Obamacare”— y la oposición republicana a vincular ese tema con la reapertura del Gobierno.

El impacto ya es tangible: agencias federales como la Administración de la Seguridad en el Transporte y el Departamento de Justicia advierten sobre la creciente baja de trabajadores “no esenciales”, mientras que se acumula incertidumbre en el transporte aéreo y en la publicación de indicadores económicos clave.

La reiteración del bloqueo pone en evidencia la parálisis del sistema político estadounidense. El Congreso, dominado por uno y otro partido, no solo muestra una incapacidad para alcanzar acuerdos básicos, sino que pone en riesgo servicios públicos fundamentales y la confianza en la gobernabilidad.

Este nuevo cierre gubernamental traslada una señal de inquietud al mundo: cuando la mayor economía global entra en modo “shutdown”, las repercusiones pueden extenderse más allá de sus fronteras, afectando mercados, cadenas de suministro y alianzas internacionales.